Las pasadas elecciones resultaron útiles para poner en debate temas ocultos. A pesar de ser escasos los sectores que dominaron la expresión electoral, no todo pudo ser ignorado. Así sucedió con el tema de los recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales, dando lugar al inicio de una discusión acerca de los sistemas de gestión de estos bienes públicos.
Durante la campaña, Francisco de Narváez afirmó que es necesario estatizar el petróleo, aunque al día siguiente -enredándose más y, sobre todo, a muchos de sus seguidores-, expresó que era conveniente nacionalizarlo. A pesar de que muchas de las encuestas encargadas por los grupos económicos no se publiquen, es sabido que más del 70% de la población apoya la nacionalización, aunque sin hacer distingos de matiz entre ambos conceptos.
“Nacionalización” se puede entender de dos maneras en Argentina: por un lado, el petróleo “nacional” es el que no está provincializado. Argentina es el único país donde se ha fraccionado el subsuelo entre 10 provincias, que a su vez lo dan en concesión a las multinacionales. La provincialización ha debilitado al Estado nacional, mientras las provincias no han aumentado sus rentas petroleras y quedaron rehenes de las corporaciones. Pero “nacionalizar” significa también que el recurso deja de concederse al extranjero. En Estados Unidos, por ejemplo, el petróleo debe ser nacional; por eso George Bush impidió que la empresa china Sinopec comprara a la californiana Unocal, ya que allí el petróleo es privado nacional, pero no extranjero.
Por eso, cuando escuchamos acerca del deseo de empresas estatales chinas de adquirir la filial YPF de Argentina (de la empresa Repsol YPF), estamos frente a un intento de transferencia de acciones de una empresa extranjera (europea) a otra empresa también extranjera (asiática). Aunque luego el gobierno chino desmintiera las versiones. Asimismo, hace un tiempo, nos quisieron hacer creer que YPF se nacionalizaba (le llamaron “argentinización”) cuando Petersen Energy (del banquero Ezquenazi) adquirió el 14,9% de las acciones de la filial de YPF Repsol S.A.; sin advertir que Petersen está constituida en Australia y tiene domicilio legal en Madrid. Nadie cree tampoco que el 40% que dice poseer Bridas S.A. en Pan American Energy (PAE) -que opera no solo en Chubút y en Santa Cruz, sino también en Neuquén y cada vez más en el mar argentino- le de parcialmente “argentinidad” a la British Petroleum (BP), dueña del 60% de PAE,
Por ello, al manifestarse por un petróleo nacional en países con escasa capacidad inversora propia por parte de sus empresas privadas -como es nuestro caso-, pienso que la solución debe ser la del petróleo como propiedad estatal. Para Arturo Sampay, el autor del artículo 40 de la constitución de 1949, en los países como el nuestro pretender la nacionalización obliga a ser “estatista”, y entonces estatización y nacionalización aparecen como sinónimos. Efectivamente, pueden entenderse como sinónimos si verdaderamente se quiere que la explotación del dominio y la renta petrolera sean nacionales, más allá de meras declaraciones hechas al vuelo.
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